El gobierno mexicano demanda a los fabricantes estadounidenses de armas

El gobierno mexicano fue protagonista, hace unas pocas semanas, de una noticia que fue reproducida por gran parte de los medios de comunicación internacionales. A principios del mes pasado, el gobierno presidido por López Obrador interpuso una demanda judicial en contra de diez empresas estadounidenses fabricantes de armas. Tal acción legal, presentada ante un tribunal federal del Estado de Massachussets, representa la primera vez en la historia en que un gobierno extranjero intenta sentar en el banquillo de los acusados a este poderoso gremio empresarial. Todo ello es la consecuencia final de largos años en los que incontables funcionarios mexicanos han expresado sus quejas ante el mínimo control que ejercen los fabricantes de armas, así como el propio gobierno estadounidense, sobre el flujo ilegal de rifles y pistolas entre ambas fronteras. La inmensa mayoría de este armamento termina, de manera clandestina, en manos de los carteles de la droga. Y es que, según datos ofrecidos por las autoridades de México, el 70% de las armas confiscadas en el territorio nacional proceden de Estados Unidos.

Es muy poco probable que esta demanda judicial prospere y llegue a buen puerto, sobre todo