Un juez ordena el bloqueo de Telegram en España y después anula la orden

“¿Le ha explicado alguien cómo va lo de Internet?” bromeaba hace unos días un internauta español en las redes sociales. El comentario se refería a Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional que, el pasado viernes 22 de marzo, ordenaba el bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram en España.

La lluvia de críticas a Pedraz durante el fin de semana fue tal que, el lunes 25 a primera hora, el juez solicitaba un informe urgente a la Comisaría General de Información sobre las consecuencias de su orden. Apenas unas horas después, la Audiencia Nacional anulaba el bloqueo de Telegram —un bloqueo que, en realidad, nunca llegó a producirse—. De haber pedido el informe antes de emitir la orden, como marca la lógica, Pedraz probablemente hubiera evitado convertirse en el hazmerreír de toda España y de media Europa.

Viendo las prisas del juez, uno hubiera pensado que tenía indicios, qué sé yo, de que una célula terrorista estaba utilizando Telegram para planear un atentado inminente en nuestro país. Para bien o para mal, Telegram es una aplicación de mensajería que —al menos de eso se jacta— jamás revela datos sobre la actividad de sus usuarios, ni siquiera a las autoridades. Para bien