Venezuela intimida a las ONG

Desde este pasado 1 de mayo, las ONG que operan en Venezuela deben registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Armada y el Financiamiento al Terrorismo. Esta imposición del Gobierno venezolano obliga a las organizaciones no gubernamentales a aportar información personal sobre sus cooperantes, y a detallar sus movimientos bancarios. El régimen de Nicolás Maduro trata así de relacionar el trabajo de estas instituciones con presuntos hechos delictivos, y de reforzar el control estatal sobre la actividad que desarrollan en el país. En la práctica, esta nueva regulación implica que los proyectos humanitarios quedan definitivamente sometidos a la aprobación de las autoridades de Caracas.

Más de 700 asociaciones sin ánimo de lucro han protestado ya para exigir la anulación de esta normativa, que fue aprobada a finales de marzo con gran opacidad: sencillamente, apareció publicada